Javier Medina -asesor jurídico del Servicio de Salud Concepción – manifestó que “esta es una acción constitucional interpuesta por el conjunto de actos que se han dado bajo la paralización de funcionarios que obstaculiza el normal funcionamiento de los establecimientos de salud, en especial lo que ha ocurrido en el Hospital Guillermo Grant Benavente, ha habido amedrentamientos, violencia”, según el profesional lo que se pretende es que “impere el derecho” y que la Corte tome las medidas del caso.

En este sentido la Gobernadora de Concepción dijo que como “Gobierno lo que queremos resguardar es la salud de la población, que necesita atención, y con las tomas y manifestaciones que se han ido desarrollando en el sector salud han afectado esa atención oportuna y de calidad; es en este sentido que hemos interpuesto junto a los servicios de salud de Concepción y Talcahuano las medidas para restituir el orden público y la atención de salud” indicó. Según la primera autoridad provincial, este recurso de protección seguirá su curso normal, pero a la vez realizó un llamado a los involucrados a retomar el diálogo y buscar en conjunto una solución pronta que irá en directo beneficio de las personas que requieren de una atención de salud urgente.

Lo que esta acción civil de protección (a favor de los pacientes y del 80 por ciento de los funcionarios públicos que sigue en sus labores) persigue es que cesen los actos de hostigamiento y violencia. Además que los funcionarios logren desarrollar su trabajo de manera normal. Esta presentación deberá esperar aproximadamente 30 días para ver la luz de una resolución; sin embargo, las acciones como por ejemplo el desalojo se desarrollarán de manera paralela.

Cabe mencionar que esta acción civil, fue presentada con la presencia de la Gobernadora de Concepción, Andrea Muñoz; el seremi de Gobierno, Enrique Inostroza; los directores de los Servicios de Salud Concepción y Talcahuano, Dr. Marcelo Yévenes y Mauricio Jara.